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XVI Coloquio Latinoamericano de Libertad Religiosa

Hernandarias, Paraguay, 7, 8 y 9 de julio de 2016

Cambios en la protección jurídica del derecho de objeción de conciencia

 

CONCLUSIONES DEL XVI COLOQUIO APROBADAS POR UNANIMIDAD

 

A lo largo de dos días de intenso trabajo, el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa ha debatido y reflexionado acerca del tema "Cambios en la protección jurídica del derecho de objeción de conciencia".

 

La formulación misma del tema supone una toma de posición acerca de lo que sin embargo ha sido y es materia de discusión: la existencia del derecho a la objeción de conciencia como un derecho subjetivo relativamente autónomo y exigible frente al Estado.

 

La revisión de las normas constitucionales, internacionales y legales vigentes en nuestros países, de la jurisprudencia reciente y los desarrollos doctrinarios, nos han permitido arribar a algunas conclusiones.

 

    I.       Ante todo y de modo indiscutido, la cuestión de la objeción de conciencia presenta una notable actualidad e importancia. Asistimos a una multiplicación de casos, que llegan a los tribunales o se debaten en los órganos legislativos, donde se reclama el ejercicio de ese derecho. Esto ocurre en los ámbitos más diversos, y generalmente (pero no necesariamente) por motivaciones religiosas.

 

   II.       Todos los países de nuestro ámbito cultural reconocen en sus normas constitucionales y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que son parte, un derecho fundamental a la libertad de conciencia, al menos nominalmente. Sin embargo, no todos derivan de esa proclamación un reconocimiento explícito del derecho  a la objeción de conciencia. Encontramos incluso casos donde ese derecho es negado como tal e incluso sancionado penalmente, lo que representa una clara incongruencia con el previo reconocimiento de la libertad de conciencia.

 

 III.       Existe un intenso debate entre quienes postulan la necesidad de garantizar con la mayor amplitud posible el derecho a la  objeción de conciencia, y quienes procuran su restricción hasta la mínima expresión. Ese debate suele plantearse en términos más ideológicos y políticos, que jurídicos. Creemos que es necesario dejar de lado las pasiones para arribar a conclusiones y regulaciones razonables.

 

IV.       Advertimos que lo que en algunos países o sistemas se presenta bajo el nombre de objeción de conciencia, en otros se presenta como ejercicio liso y llano de la libertad religiosa (reservando en todo caso la denominación "objeción de conciencia" a supuestos específicos, como el de la objeción al servicio militar). Más allá de esa cuestión nominal, lo cierto es que los casos son análogos.

 

  V.       El reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia puede ser visto al mismo tiempo como un avance o como un retroceso. Es un avance en tanto implique un mayor reconocimiento a la libertad religiosa y de conciencia. Es un retroceso, si se convierte en la última trinchera de resistencia frente a una proliferación de leyes consideradas injustas. En cualquier caso, es una consecuencia del mayor pluralismo religioso y ético de la sociedad, que se expresa también en una legislación que incomoda a (o es inaceptable para) una porción apreciable de esa sociedad.

 

VI.       El reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia y la búsqueda de una acomodación razonable en la aplicación de las leyes a casos concretos donde esas leyes entran en conflicto con la conciencia individual (o con los mandatos religiosos a los algunas personas adhieren y que determinan su conducta), es la forma apropiada de tramitar las complejidades del pluralismo social. La negación de ese derecho, supone una imposición autoritaria e intolerante, que muchas veces se realiza en nombre de un cierto progresismo.

 

VII.       Se advierte la necesidad de una ulterior profundización, acerca del cruce que se produce entre objeción de conciencia y discriminación. El rótulo de "discriminador" o discriminación se ha convertido en una moderna espada de Damocles que pende sobre cualquiera que no esté dispuesto a someterse a las tendencias de moda o a plegarse a los nuevos unanimismos. Se usa y abusa del concepto de discriminación, que va adquiriendo una amplitud inusitada; y en ese concepto salvo en casos muy puntuales el objetor es rápidamente catalogado como discriminador. Urge acotar el concepto de discriminación y su aplicación a sus justos límites.

 

VIII.       Consideramos indudable la existencia de un verdadero y propio derecho subjetivo a la objeción de conciencia, como derivación necesaria de la libertad de conciencia. Por lo tanto, ese derecho debe poder ser invocado y ejercido aún a falta de normas legales o reglamentarias que lo prevean para casos específicos, por cuanto los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen la libertad de pensamiento, conciencia y religión son directamente operativos.

 

IX.       Sin perjuicio de lo anterior y a la vista de las vacilaciones que a veces se producen en el reconocimiento de ese derecho, incluso por parte de los jueces que son los garantes de esa libertad de pensamiento, conciencia y religión, consideramos apropiado y conveniente que las leyes prevean en forma expresa ante todo la existencia misma del derecho a la objeción de conciencia, y en segundo lugar los mecanismos para su ejercicio efectivo, en lo posible sin obligar al objetor a transitar el camino judicial.

 

  X.       Es legítimo y hace a la estructura propia del derecho a la objeción de conciencia que el legislador imponga al objetor una prestación alternativa o sustitutoria del deber objetado. Sin embargo, la inexistencia de esa alternativa, lo mismo que la omisión del legislador en el reconocimiento expreso del derecho, no son impedimentos para su ejercicio. El derecho a la objeción de conciencia no es una concesión graciosa del legislador, sino un derecho de la persona fundado en la libertad de conciencia y, en última instancia en la dignidad misma de la persona humana.

 

XI.       Es factible a la hora de legislar, tanto producir una legislación caso a caso (como existe en varios países), como una norma general que reconozca el derecho y establezca condiciones para su ejercicio y provea de criterios claros a los operadores jurídicos. Uno de ellos debería ser la exigencia de someter a un escrutinio estricto a las normas que suscitan agravio a la conciencia de las personas para reducir ese agravio únicamente a supuestos excepcionales e imposibles de evitar por otro medio.

 

XII.       La conciencia individual, que todos poseemos en forma innata, necesita sin embargo ser formada y educada. Es inevitable vincular esta realidad con el derecho-deber de los padres a formar a sus hijos según sus propias convicciones. Comprobamos también que la conciencia es dinámica y puede adquirir con el tiempo un mayor refinamiento. Por eso, no resulta admisible imponer la obligación de anticipar de una vez y para siempre las posibles objeciones de conciencia y negar el ejercicio del derecho a quien deviene objetor en un momento ulterior de su vida. Esto cuestiona la legitimidad, por ejemplo, de las regulaciones restrictivas al ejercicio de la objeción de conciencia impuestas a agentes de salud, a quienes se impone la obligación de manifestarla en el momento inicial de su vinculación con el centro de salud en el que trabajan.

 

XIII.       Es de la esencia de la objeción de conciencia, que el objetor no sea castigado ni discriminado como consecuencia del ejercicio de ese derecho.

 

XIV.       Si bien la objeción de conciencia es un derecho individual, es necesario reconocer también la posibilidad de presentar objeción institucional o de ideario por parte de las personas jurídicas. Así lo reconocen en varios países latinoamericanos y en varios ámbitos tanto leyes como precedentes jurisprudenciales. Ese respeto por la libertad de ideario (la libertad de las instituciones confesionales o de inspiración confesional o con identidad ideológica, de ser eximidas de someterse a normas legales contradictorias con los principios que sustentan) es una exigencia de la libertad religiosa en su dimensión colectiva. Por otra parte, cuando las personas jurídicas (aun las que no tienen una naturaleza estrictamente confesional) están formadas por personas con una identidad religiosa o moral reconocible, es claro que tales personas que se verían personalmente agraviadas o afectadas por la imposición a la institución de conductas contrarias a esas convicciones. En tal caso, la admisión de la "objeción de conciencia institucional" es también una forma de impedir la lesión indirecta de la libertad de conciencia individual. 

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