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CRÓNICA DEL XVI COLOQUIO PDF Imprimir E-mail

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 XVI Coloquio Latinoamericano de Libertad Religiosa

Hernandarias, Paraguay, 7, 8 y 9 de julio de 2016

Cambios en la protección jurídica del derecho de objeción de conciencia

 

CRÓNICA

 

La República del Paraguay fue el país sede del XVI Coloquio del CONSORCIO LATINOAMERICANO DE LIBERTAD RELIGIOSA (CLLR), celebrado en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Campus Alto Paraná, Hernandarias, entre el 7 y 9 de julio de 2016, con el apoyo institucional de la Diócesis de Ciudad del Este en la persona de su obispo auxiliar Mons. Pedro Collar (miembro ordinario del Consorcio). La organización general del coloquio estuvo a cargo del Prof. Abog. Juan José Bernal (también miembro ordinario del Consorcio) y colaboradores de la Universidad anfitriona.

La sesión inaugural tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad, en sesión solemne iniciada con la entonación del himno nacional seguida de una oración colectiva. Las palabras iniciales fueron pronunciadas por el Sr. Rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Pbro. Dr. Narciso Velázquez, quien aludiendo al nombre de nuestra institución, marcó la necesidad de “consorciarnos” para buscar la Libertad Religiosa. También dieron palabras de bienvenida el Vice Director del Campus de la Universidad Católica, Ing. Ladislao Aranda y la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas Abg. Gloria Mendieta Martínez, quien recordó que el Derecho es lo que ayuda a los seres humanos a vivir en sociedad, y que tiene que estar acorde a la naturaleza del ser humano, respetando su libertad esencial. El Director de la Pastoral Universitaria Padre Ernesto Zacarías aportó una reflexión desde la perspectiva religiosa en nombre de S.E.R. Mons. Pedro Collar Noguera, quien por sus compromisos episcopales no pudo hacerse presente.

El discurso inaugural del coloquio estuvo a cargo de la Presidente del Consorcio, Prof. Carmen Asiaín Pereira (Uruguay), quien tras agradecer a los organizadores y a la Universidad anfitriona, ingresó ya en el tema que nos convocaba de libertad de conciencia y cambios en la protección jurídica de la objeción de conciencia a partir de reflexiones en torno a episodios históricos de decapitamientos (desde Juan el Bautista, Tomás Moro hasta algunos virtuales en nuestros días) para ilustrar que quien elige un camino reprobable necesita que no le enrostren el desorden de la conducta, que no lo enfrenten al juicio ético y para sofocar esa conciencia corta la cabeza que tal conciencia despierta: cortar la cabeza para acallar la conciencia. Y si esto no es posible –denunciaba- anestesiarla, disfrazando la realidad. Es que la conciencia molesta a la autoridad porque es inasible, auténticamente libre e independiente, autónoma del poder político, ingobernable, invisible, pero poderosa, pues la conciencia es el primer y último reservorio de los valores, único ámbito de auténtica libertad. Por otro lado, el rol del Estado se balancea en el péndulo entre dos indeseables: por un lado, abstenerse de sustituir el juicio o discernimiento moral del individuo y de otro, evitar el abuso por el ejercicio aun legítimo de la objeción de conciencia.

La Relatoría General estuvo a cargo del Prof. Juan Navarro Floria (Argentina), quien destacó que el derecho de objeción de conciencia se ha convertido en un tópico esencial a las relaciones Estado – religiones y Libertad Religiosa. Partiendo del principio de que el Estado debe respetar la conciencia y que la objeción de conciencia es un derecho humano sin exclusiones, destacó las tensiones contemporáneas entre quienes proponen su restricción y quienes defienden su vigencia. Hizo un relevamiento de su tratamiento por las constituciones latinoamericanas, del que surge una disparidad de situaciones, con una cierta tendencia a su reconocimiento como derecho autónomo a la par que en otros casos existe una abierta negativa. Más que proponer afirmaciones, planteó preguntas disparadoras de las investigaciones y debate que se seguirían: el derecho de objeción de conciencia ¿es directamente aplicable desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución, o es necesario que una ley interna lo reglamente?; ¿alcanza con que su motivación sea la conciencia individual, o debe fundarse en un mandato religioso?; ¿la ley puede imponer condiciones para su ejercicio?; ¿es ello legítimo? Destacó los roles de la jurisprudencia y del sistema interamericano de derechos humanos y relevó viejos y novedosos ámbitos de ejercicio de la objeción de conciencia, incluso el de ideario institucional. Insistió en la propuesta de redactar una convención internacional o regional sobre libertad religiosa.

A continuación el Dr. Ariel Busso (Argentina) presentó el libro “La objeción de conciencia como Derecho Humano Fundamental: en materia de Bioética y Bioderecho” del Excmo. Dr. Esteban Kriskovich, Embajador de la República del Paraguay ante la Santa Sede. Sintetizó el Dr. Busso que el libro se mete con dos temas fundamentales: la conciencia y el Derecho Natural. Uno puede luchar muchísimo, pero lo que responde siempre es la naturaleza de las cosas, que siempre termina estando a la luz de algo que la ampara: la divinidad. Son inseparables. El Dr. Kriskovich en su alocución aludió a las dictaduras con ropajes democráticos que tuercen el Derecho para justificar el mal; … lavándonos las manos nos ensuciamos de mal. Alertó que se estaba promoviendo el reconocimiento obligatorio de la igualdad jurídica entre el bien y el mal, así como que en el nombre de la tolerancia no se aceptan voces disonantes o disidentes.    

Las sesiones de relatorías nacionales fueron iniciadas por el representante por la República Argentina, Prof. Norberto Padilla.  En la Argentina la recepción de la objeción de conciencia ha provenido ya de la jurisprudencia, ya de normas particulares, habiéndose iniciado con la objeción al servicio militar obligatorio, seguida de la objeción a prácticas médicas incluyendo el aborto tras un fallo de la Corte Suprema sumamente permisivo. El relator expresó su preocupación respecto a la pretensión de que el objetor pudiera ser obligado a realizar el aborto cuando no hay otro profesional que lo haga, si bien es obligación de los establecimientos sanitarios prever que ello no pueda suceder. Relevó el veto interpuesto por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri a la ley de la Legislatura local implementando un protocolo especialmente favorable al aborto, y que en reemplazo puso en vigor otro, más restrictivo pero que de todos modos le valió la crítica del arzobispo Bergoglio y de dirigentes de confesiones no católicas. Impugnado judicialmente el veto, a fin de 2015 hubo sentencia favorable al derecho del entonces jefe de gobierno de hacerlo. En Argentina la objeción de ideario institucional está contemplada por ley en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y en la educación. No se han reportado casos frente al matrimonio entre personas del mismo sexo y no existe conflicto con la reverencia a los símbolos patrios. Para respetar el juramento de conformidad con las creencias del gobernante se  transitó una reforma constitucional y por vía legislativa se amparó la celebración y días de precepto de musulmanes, judíos y evangélicos. En cuanto a la necesidad de justificar un fundamento religioso para el ejercicio del derecho de objeción de conciencia, ello no es un requisito según la doctrina. El ponente reflexionó acerca del importante número de proyectos de ley presentados con los más opuestos contenidos, y cómo su sola existencia aunque no se conviertan en ley, vale por ser testimoniales. Abogó por una ley general de objeción de conciencia, derecho que pasó de ser un tema de minorías religiosas a ser un problema concerniente a mayorías. 

La relatoría nacional por Chile estuvo a cargo de la Prof. Ana María Celis Brunet, quien partió de la problemática de que en su país el derecho de objeción de conciencia no aparece recepcionado normativamente como derecho subjetivo, salvo por algunas normas particulares. Supuestos como la oposición al servicio militar –que continúa siendo obligatorio- y a prácticas médicas son resueltos “a la chilena”, ya por acuerdo, ya por el Código de Ética, ya eludiendo por diversas vías la obligación. El derecho aparece cuestionado si lo pretende ejercer un funcionario público y en general sería desconocido en el ámbito de la enseñanza. La libertad religiosa es escasamente invocada ante la jurisprudencia, la que suele fallar con fundamento en otros derechos, soslayando lo religioso. En punto a la autonomía institucional, se respeta el proyecto educativo de los colegios, invocándose además la libertad de empresa, o la línea editorial si se trata de un medio de comunicación. Proponiendo un paralelismo, afirma la relatora que así como tan vital para los pueblos americanos es manifestar el derecho de propiedad de manera colectiva, así ocurre también en el terreno religioso. Parte de la doctrina –que es escasa sobre la materia- sostiene que es necesario un reconocimiento legal expreso, para el ejercicio del derecho de objeción de conciencia. En este sentido, se reportan dos proyectos de ley de 2014 -con contenido opuesto- en cuanto al reconocimiento del derecho. Lamenta que en el proyecto de ley de despenalización del aborto en determinados supuestos, la objeción de conciencia se haya limitado a los médicos y que se exija la garantía de la realización de la prestación en el centro de salud. Denuncia que el mayor pluralismo no sólo religioso sino también social y político, provocó la exasperación de las posturas y la escasa posibilidad de diálogo, desapareciendo en poco tiempo el mínimo común denominador, pues se quiere imponer la homogeneidad a la sociedad. Cree que una cláusula genérica de inmunidad de coacción en materia de libertad de conciencia auxiliaría a los jueces a arribar a un fallo con fundamento. ¿Qué vamos a hacer con la dimensión espiritual de la persona en la vida en sociedad? La objeción de conciencia no es un capricho: refiere a valores irrenunciables, a la convicción profunda que explica nuestra existencia.

El Prof. Alberto Patiño Reyes ofició de Relator Nacional por los Estados Unidos Mexicanos y partió del cuestionarse si se podía calificar de derecho subjetivo a la objeción de conciencia. Afirma que está reconocido, pero existen contradicciones. Una ley federal, por ejemplo, si bien prohíbe invocar las convicciones religiosas para dejar de cumplir una ley, es hoy letra muerta. La objeción de conciencia ha sido reconocida desde principios del siglo XX a algunos grupos religiosos, como los menonitas (exención al servicio militar obligatorio, educación de los menores de acuerdo a sus convicciones) y en el ámbito privado ha sido contemplada en favor de quienes guardan el sábado y a los testigos de Jehová en algunos supuestos. Algunos estados como Jalisco incorporan el reconocimiento del derecho en el ámbito de los tratamientos médicos en el año 2004. Ha de tenerse presente la reforma del art. 24 de la Constitución (2013) que reconoce la libertad de conciencia como derecho fundamental. Las Normas Oficiales Mexicanas (actos administrativos de aplicación general) de 1999 y 2005 prevén la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería en casos de aborto en caso de violación, siempre que en la institución médica se cuente con facultativos no objetores. En algunos ámbitos se constatan restricciones a su ejercicio, como en el de la educación en que se prevé que la evaluación docente será necesariamente en sábado, afectándose el acceso al escalafón de los adventistas y al servicio militar obligatorio (exento para ministros de culto y menonitas), lo que ha motivado que todos los testigos de Jehová invoquen ser ministros de culto a efectos de ser exentos. Releva el ponente casos puntuales de protección del derecho, como en el caso del secreto de confesión (Código Penal), negativa a tratamientos médicos (Jalisco), trabajo en día de precepto religioso (Querétaro), ante el aborto legal (Ley de Salud del D.F.); eutanasia pasiva o voluntad anticipada y para los jueces, citando un caso de un magistrado que se negó a firmar la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Existen proyectos legislativos para amparar la objeción en caso de servicio militar y de maternidad subrogada. En los casos de aborto la regulación es dispar: mientras 18 estados de 32 han blindado la protección de la vida desde la concepción (como Veracruz), se ha impugnado una Norma Oficial Mexicana que protege la objeción, estando pendiente de resolución. Atribuye al positivismo legalista reinante el hecho de que en el ámbito educativo se impongan determinados contenidos de forma obligatoria aún en instituciones con ideario religioso -salvo para los menonitas- y que en las facultades de medicina aun religiosas se obligue a la instrucción de la práctica del aborto.

El Reino de España estuvo representado por la Prof. Francisca Pérez Madrid, quien reportó las novedades producidas en el reconocimiento de la objeción de conciencia. El Tribunal Constitucional mostró oscilaciones, desde su reconocimiento como derecho fundamental sin necesidad de preverse por ley (1985), hasta una postura más tacaña en 1987. La ley orgánica que proclamó el aborto como derecho de la mujer en 2010 puso el centro en la voluntad de la madre y ya no en la vida. Contiene la primera referencia legal a la objeción de conciencia, como un “regalo envenenado”, pues está prevista sólo en su dimensión individual, sólo para los profesionales sanitarios y en caso de que haya sido anticipada por escrito. Nada dice respecto a la objeción de ideario institucional, al contrario, prevé la enseñanza de su práctica a alumnos de instituciones universitarias. El testamento vital fue introducido por ley de 2002, sin pronunciarse respecto a la posible objeción, tema que sí fue recogido por algunas, no todas, las comunidades autónomas. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (2015) amparó a un farmacéutico sevillano en su objeción al expendio de la llamada píldora del día después, pero no en su negativa a la venta de preservativos, convirtiéndose en este caso los jueces en consejeros espirituales respecto a qué tipo de conflicto de conciencia se podía o no tener. Reportó la objeción de conciencia generalizada al aborto acaecida en Navarra, donde se levantó un registro de objetores, cuya impugnación fue denegada por Tribunal Constitucional con el argumento de que la existencia de un registro no viola la protección debida a los datos personales. El problema del aborto –señaló- es que se aparece como un deber del que hay que pedir permiso para librarse. Reseñó la objeción levantada contra la presencia de símbolos religiosos, como en el Colegio de Abogados de Sevilla contra la imagen de la Virgen María, que el Tribunal Constitucional denegó. Otro hito fue la objeción a la asignatura Educación para la Ciudadanía, que fuera luego eliminada de la currícula educativa. Otros casos de aparición de la objeción han sido ante el matrimonio entre personas del mismo sexo, habiendo sido denegada la posibilidad de abstenerse por ser una obligación “bajo el imperio de la ley”. Se lamentó de que el objetor de conciencia tiende a ser considerado un discriminador y que el reconocimiento del derecho esté casi exclusivamente circunscripto a los casos de aborto.

La relación nacional por Uruguay estuvo a cargo de la Prof. Carmen Asiaín, quien partió por destacar la recepción constitucional del derecho desde 1934 y su reciente calificación como derecho fundamental de rango constitucional y de los derechos humanos por la reciente sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (2015) que amparó a los ginecólogos ante el aborto. Resaltó la necesidad impostergable de contemplar la objeción por ley general, habida cuenta de la dispersión de las normas regulatorias y sus contradicciones, falta de tratamiento uniforme e incertidumbre acerca de la vigencia de las sucesivas normas sobre el punto. Relevó su recepción variada en los ámbitos de la negativa a someterse a determinada terapéutica, la confidencialidad médico – paciente y el secreto profesional, en la ley de Ley de Voluntad Anticipada, la prevista para el del personal de la salud en general por el reciente Código de Ética Médica (2014), criticando que se haya previsto la obligación de derivar al paciente a otro médico, condición que no se exige al personal de enfermería. En cuanto a la ley del aborto (2012) y su reglamentación administrativa, parcialmente anulada por el órgano jurisdiccional por restringir el derecho de objeción de conciencia, realizó una labor de cotejo y determinación de la normativa hoy vigente, tras las sucesivas modificaciones sufridas. Relacionó la situación del derecho en el área de la salud sexual y reproductiva y en punto a la alimentación forzada y huelga de hambre y denunció su falta de consagración expresa en recientes leyes sensibles a la bioética como las de cambio de sexo, reproducción humana asistida, donación implícita de órganos (objeción por religiones afroumbandas) y legalización de la marihuana. Reportó casos puntualmente amparados en punto al juramento a símbolos patrios y a actividades laborales o educativas en día de precepto religioso. Reportó una novedosa previsión contraria a la obediencia debida para funcionarios policiales y la reprobable imposición de las autoridades educativas de impartir determinados contenidos sensibles a la moral. Tras comunicar la presentación del proyecto de ley de Hábeas Conscientiam abogó por su necesaria aprobación dentro de las conclusiones propuestas, destacando que ha sido el Juez el supremo, primordial y último garante del ejercicio de este derecho fundamental.

El Prof. Rodrigo Vitorino de Souza, quien fue admitido este año como miembro del CLLR, presentó el caso de Brasil. Reportó la existencia de más de diez proyectos de ley de libertad religiosa en trámite, pero una escasa reglamentación legislativa presente. La objeción de conciencia es un derecho previsto constitucionalmente aunque no con ese nombre, sino como concreción de la libertad religiosa, exceptuándose a los eclesiásticos y a las mujeres y en general a los objetores de conciencia, a los que se les exige el cumplimiento de una prestación alternativa. La prestación alternativa será la que establezca la ley, lo que se ha cumplido sólo para el caso de servicio militar. Habida cuenta de que de conformidad con la Constitución los derechos fundamentales son directamente aplicables, el derecho a la objeción de conciencia existe, aunque no se haya dictado la ley reglamentaria. Se han presentado proyectos de ley para su ejercicio en la medicina y una ley estadual la reconoce expresamente en el estado de Río de Janeiro, cuyo texto fue presentado como proyecto con miras a convertirse en ley federal. El relator Nacional citó casos de posible invocación de la objeción de conciencia, como en el sistema electoral respecto a la obligatoriedad del voto (admitido en general) o para el servicio electoral (respecto al cual el Tribunal Electoral en 2006 fue restrictivo). Otros casos fueron de Testigos de Jehová respecto a tratamientos médicos y en especial si éstos eran indicados a sus hijos. El Tribunal Superior de Justicia entendió en un caso que los padres estaban protegidos por el derecho de libertad religiosa y ergo no estaban obligados a consentir la transfusión, siendo los médicos los responsabilizados en caso de riesgo de vida. Otros casos fueron planteados por quienes guardan el sábado, frente al examen nacional previsto para la admisión a las universidades tanto públicas como privadas, que recibieron una solución controversial. Entre los varios proyectos de ley a estudio, destacó uno que contempla los feriados religiosos de religiones diversas a la católica y al atuendo religioso en diversas instancias incluyendo documentos de identificación. Relató por último el debate suscitado por la instrucción administrativa dada por el Consejo Nacional de Justicia (órgano administrativo del Poder Judicial) que dispuso la homologación de uniones civiles entre personas del mismo sexo, al matrimonio y la obligación de los notarias de realizarla, lo que generará objeciones de conciencia seguramente.

El Prof. Scott Isaacson estuvo a cargo de la Relación Nacional por los Estados Unidos de Norteamérica. Tras recordar que históricamente la objeción de conciencia refirió normalmente sólo al servicio militar, informa que para otras prácticas rige la ley federal de restauración de la libertad religiosa (Religious Restoration Freedom Act o RFRA) que contempla el derecho de individuos y organizaciones de rechazar una práctica por motivos de conciencia previéndose que sólo será admisible una restricción de la misma cuando el Estado pueda demostrar que persigue el cumplimiento de un cometido o interés impostergable estatal y que no existen otros medios menos restrictivos de la libertad de conciencia para cumplir con dichos fines. Cita un antecedente contenido en la original Constitución, cuando prevé el juramento o promesa de los gobernantes, contemplando a los cuáqueros, así como una carta de George Washington a esta comunidad exhibiendo una delicadeza en el tratamiento de los derechos de la conciencia. La objeción de conciencia está prevista para las fuerzas armadas, tanto en el momento del reclutamiento, como luego, contemplándose la objeción sobrevenida. Ante este tipo de supuestos, la Suprema Corte de Justicia debió precisar la definición de “religión” y la sinceridad del objetor. En un caso en que la objeción tenía un fundamento filosófico no religioso, entendió la Corte que esta concepción ocupaba en la vida el lugar de las creencias religiosas, por lo que amparó la objeción. En el ámbito de la salud, las objeciones se suscitaron tras el fallo Roe vs. Wade sobre aborto, seguidas de leyes que contemplaban cláusulas de conciencia para profesionales e instituciones de salud, aunque sin haberse previsto una acción para hacer efectivo su goce. 45 estados han regulado cláusulas de conciencia para el caso del aborto y también para los farmacéuticos, mientras Washington y California no las han previsto. La ley de Derechos Civiles de 1964 contempló feriados religiosos y prohibió a los empleadores discriminar por motivos de religión o creencias, imponiéndole la obligación de hacer una adaptación razonable de la relación de trabajo a los deberes de conciencia del trabajador. La fuente prevalente para fundamentar la objeción de conciencia es la ley y la primera enmienda de la Constitución, invocada por la Suprema Corte de Justicia que impuso un escrutinio estricto en estos casos. Refirió el Relator a casos como el de Smith en 1990 sobre uso de la droga peyote y la respuesta de 1993 del Congreso, a través de la citada ley de libertad religiosa RFRA. Otro gran tema objeto de objeción de conciencia es el matrimonio entre personas del mismo sexo, habida cuenta de las multas aplicadas a quienes lo resistan, por oposición al estado de Texas en que se ampara a los objetores en aplicación de la RFRA. En el reciente caso Hobby Lobby se amparó el ideario de una institución aun con fines de lucro y en el caso Hermanitas de los Pobres se instó a buscar soluciones que no significaran un involucramiento a las religiosas, más allá de que un acto afirmativo sea siempre necesario para liberar a los objetores. Aludió a la objeción a la pena de muerte, respecto a la cual existe una previsión para ser excluido de ser jurado. Existen varios proyectos legislativos en la mira, algunos contradictorios entre sí. Culminó su alocución citando a J.F. Kennedy: “War will exist until that distant day when the conscientious objector enjoys the same reputation and prestige that the warrior does today.” (“La guerra seguirá existiendo hasta ese día distante en que el objetor de conciencia goce de la misma reputación y prestigio de que goce hoy el guerrero”).

El último ponente nacional sobre el tema central fue el anfitrión y organizador, Abogado Juan Jose Bernal, por Paraguay. La objeción de conciencia es un derecho subjetivo formal recogido por la Constitución –aplicable directamente-, que la ley reglamenta para el servicio militar obligatorio. Sin embargo, para algunas corrientes jurisprudenciales es mera tendencia y sería necesaria una ley para su goce, postura que no tiene en cuenta la suscripción de los tratados internacionales de derechos humanos por Paraguay. A juicio del relator, la exigencia de dar una fundamentación de la objeción de conciencia es violatorio de dicho derecho, en punto a “no ser molestado” por razón de sus creencias, oponiéndose a la existencia de un Consejo Nacional de Objetores de Conciencia. Reporta que en el ámbito laboral se prohíbe la discriminación del trabajador por motivos de religión. No existen proyectos legislativos, más allá de los que plantean desafíos a la bioética. Algunos pronunciamientos jurisprudenciales han amparado la objeción al servicio militar aun en ausencia de ley reglamentaria. En un caso de negativa de Testigos de Jehová a una transfusión de sangre se hizo prevalecer el derecho a la intimidad, revocándose el fallo del inferior que ordenaba la transfusión.

En las siguientes sesiones, varios investigadores compartieron sus recientes producciones en temas diversos.

El Prof. Octavio Lo Prete de Argentina abordó el tema central desde una perspectiva teórica y general, “La libertad de conciencia: aproximación a su contenido”. Partió del Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos que habla de la conciencia de la humanidad, así como de la Constitución Apostólica Gaudium et Spes cuando aborda el tema de la conciencia. Se detuvo luego en el art. 19 de la Constitución de Argentina, que declara reservadas a Dios las acciones privadas de los hombres y que sienta el principio de legalidad, por el que “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”, calificando la disposición de “gozne de la libertad”. Subrayó las palabras del magistrado argentino que destacó: “habilitar la objeción de conciencia implica también formar y educar a los niños en el respeto de los demás”. Recorrió episodios históricos como el del Rey Balduino de Bélgica en 1990, quien optó por abdicar antes que someterse a suscribir la ley que legalizaba el aborto, citando sus dichos “que el Estado no vacile dejarnos a solas”. Las convicciones morales –argumentó Lo Prete- son un límite al poder estatal, el que está impedido de hacer intromisiones normativas en el plan normativo de las personas. El legislador no debe olvidar que la conciencia está siempre presente. Tutelar la libertad de conciencia y dar cabida a la objeción de conciencia es el mejor homenaje que el Estado puede hacer a la vida en sociedad, concluyó.

El Prof. Gary Doxey de Estados Unidos de Norteamérica, presentó y comentó una serie de investigaciones del Pew Research Center de 2015, deteniéndose en las características de la “Libertad religiosa en países con una mayoría religiosa”. A partir de los resultados de sucesivas investigaciones que arrojan una calificación de los estados en materia de respeto y vigencia efectiva de la libertad religiosa, dividiéndolos en grados desde restrictivos a muy respetuosos de la primer libertad, hizo notar que la mayoría de los habitantes del mundo vive en países donde no existe nivel moderado de libertad religiosa, sino que conviven con restricciones de la misma. Trazó comparaciones interesantes acerca del comportamiento de las distintas variables y las relaciones entre los grados de respeto o no cumplimiento de los estándares mínimos de cumplimiento de la libertad religiosa y sus efectos. Destacó a  América Latina como un continente en que la libertad religiosa gozaba de muy buenos niveles de goce efectivo y respeto y habida cuenta del primado de la libertad religiosa en países de mayoría católica, atribuyó dichos logros a la influencia y fuerte impronta dada por la Declaración Dignitatis Humanae sobre Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II. “Si los derechos son sólo los que pertenecen a las mayorías, entonces no son derechos, son sólo parte de una solución política”, concluyó.

La Juez estadounidense de origen cubano Dra. Denisse Posse-Blanco Lindberg comentó el caso Stormans v. Wiesman sobre “Protección judicial del derecho a la objeción de conciencia”, que trató la objeción de conciencia de una familia de farmacéuticos al expendio de la llamada Píldora del Día Despúes (PDD). Repasó las diversas instancias judiciales transitadas por los objetores, desde la sentencia de la Corte de Distrito que falló que las reglas impugnadas violaban los derechos de los demandantes, sentencia que fue revocada para aplicar la doctrina Smith. Llegado el caso a la Suprema Corte de Justicia, apelación acompañada de sendos amicus curiae de trece iglesias y de la Conferencia Episcopal de EE.UU., ésta resolvió no revisar el caso. A juicio de la ponente, es preciso que la Corte aclare cómo interpreta la doctrina del libre ejercicio de la religión, pues ha fallado en dar una respuesta a los reclamantes. Culminó citando palabras del Juez Samuel Alito: “Si esto indica cómo se trata la libertad religiosa, los que la protegen tienen motivo de gran preocupación.”

El Profesor Tomás Herníquez, de Chile analizó “La Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia y los peligros a la libertad religiosa en América”, denunciando el secuestro cometido por otros colectivos, de una iniciativa originalmente dirigida por sus promotores para evitar la discriminación racial, cuyo resultado fue la expedición de dos convenciones paralelas, A 68 y A 69 prácticamente idénticas en sus articulados. Canadá se apartó de las negociaciones por considerar la propuesta contraria de los derechos humanos, pues debilitaría la aplicación de algunos como el de libertad de pensamiento, conciencia y religión. A la fecha, ninguno de los ocho suscriptores ha sometido la convención a su ratificación, habiendo Paraguay anunciado que no lo hará. De resultar ratificada, sería la primera convención internacional que consagraría la identidad de género como motivo prohibido de discriminación. Denunció la mala técnica legislativa de que adolecían algunas disposiciones, así como la mayor discrecionalidad otorgada al Estado a la hora de decidir y por invasión de la esfera privada. Acusa que la convención viene a consagrar nuevos discursos como el que califica como daño dignitario –que sería lo opuesto a la objeción de conciencia-, la ofensa a la dignidad, lo que justificaría la censura de su expresión, incurriéndose –alerta- en un fascismo que puede llegar a suprimir determinados discursos y que invita al Estado de vigilancia. Aludió al control político del lenguaje que se perpetraría pues el Estado va a poder determinar qué es admisible y qué no en la escuela. “¿Cómo cotejar estas disposiciones con la libertad de expresión en el sistema interamericano?” se pregunta, instando a evitar la ratificación de esta convención.

El también chileno Prof. Jorge del Picó Rubio compartió los resultados de las etapas ya concluidas de una investigación que aún sigue en curso “Evaluación del régimen legal de las entidades religiosas en Chile y ejercicio del derecho de libertad religiosa”, realizada sobre una base de 2.300 entidades religiosas a las que se encuestó. Algunas de las interrogantes orientadoras de la investigación fueron “¿el cambio legal de la entidad le permitió usar el nombre de la denominación religiosa como su nombre legal?”. La investigación demostró que la normativa más aplicada al punto es la ley de cultos N° 19.638. El tema que estimó más relevante desde el punto de vista del Derecho Civil es el de las personas jurídicas derivadas, asimiladas a fundaciones o asociaciones sin instancia administrativa, destacando que un 20% del universo encuestado lo ha hecho por la vía notarial interna, tratándose en su mayoría de instituciones benéficas y educacionales No considera que se haya incurrido en diferencia de trato entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y las iglesias cristianas históricas, aunque sí detecta que ha aparecido la enseñanza religiosa como afectada por la normativa. La investigación continúa…

El Prof. Aldir Guedes Soriano de Brasil expuso “Un Mundo Feliz y libertad de religión: de la ficción a la realidad”. Sosteniendo que Brasil está atravesando una crisis constitucional, trae a colación la obra de Aldous Huxley “Un Mundo Feliz”, de 1939 por su vigencia y aplicación a la realidad de hoy. Vivimos un Nuevo Mundo a un precio muy alto, nada menos que el de la libertad. Recuerda de la obra de Huxley medios artificiales de reproducción humana, la disolución de la familia, la predeterminación y condicionamiento del ser humano, muy cercanos a algunas realidades actuales. En el Nuevo Mundo ganaron felicidad pero perdieron libertad, reflexiona. Es un mundo sin Dios, sin familia, sin libertad. Convoca al Consorcio Latinoamericano a perseguir la verdad como misión, que nos hará libres.

El Prof. José Luis Llaquet, de España disertó sobre “Los recientes supuestos de objeción de conciencia en los ministros de culto en España”, partiendo de constatar la indeterminación del concepto de ministro de culto, así como del concepto “religión”, que queda en manos de la confesión religiosa. Analiza supuestos de objeción de conciencia desde el punto de vista intraconfesional, como las previstas por el Código de Derecho Canónico excluyendo la participación como jurado, o al interior de la Iglesia Anglicana, frente a la celebración de bodas entre homosexuales. Desde el punto de vista sociológico propone la “máxima objeción laical, la mínima intervención ministerial”. Destaca la máxima relevancia que las confesiones religiosas otorgan a la objeción de conciencia, como esencial para la salvaguarda de la libertad religiosa, citando a Benedicto XVI. Denuncia como una mirada negativa de la objeción de conciencia la que la asimila a un triunfo del subjetivismo y a la dictadura del relativismo. Cita una Directiva de la Unión Europea que habilita  a las empresas de tendencia a seleccionar a su personal que sea acorde con su ideario, así como la catalogada por Martínez-Torrón como “objeción de conciencia a la inversa” (que sería la de católicos que rechazan los símbolos religiosos en la esfera pública) y los problemas económicos que han transitado algunos hospitales ante el aborto, entre las problemáticas suscitadas.

La Prof. Marta Zuzanna Osuchowska de Polonia abordó la pregunta “¿La Unión Europea necesita una conciencia? Comentario acerca del artículo10.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, inclinándose por la positiva. Se basó en el valor que sirve de base y aporta la ética y moral a la ley, valores que son incorporados al sistema jurídico, son elementos para la interpretación del Derecho y representan su espíritu. Tildó a la Carta como canon de valores democráticos a tener presente en el debate sobre la axiología de los derechos en la Unión Europea. Sostiene que el Estado debe ser neutral ideológicamente, no axiológicamente, pues se basa en valores, no existiendo sistemas neutrales desde el punto de vista axiológico. La conciencia es lo que distingue al hombre del animal, y de su entorno; es la medida del hombre. ¿Qué son los derechos fundamentales? Todo lo que afecta a la dignidad del hombre. La Carta de la Unión Europea, señala, tiene una fuerte carga axiológica, es patrimonio espiritual y moral. Reprueba la actual tendencia a separar derechos de valores. El Derecho debe ser emanación de valores, de lo contrario incurre en tiranía. Aunque no exista objeción de conciencia, existe siempre libertad de conciencia.

La última expositora fue la Prof. Carmen Domínguez Hidalgo de Chile, quien analizó el “Deber preferente de los padres de educar a sus hijos: tensiones y desafíos”. Destacó que los primeros educadores y formadores de conciencia son los padres, quienes ejercen el derecho a elegir las instituciones educativas para sus hijos. Destaca la coincidencia del Derecho Internacional contenido en los tratados, con el derecho interno reconocido en las constituciones, y el principio de subsidiariedad del Estado en materia de familia que de todos ellos se desprende. Todos los países latinoamericanos salvo Cuba, reconocen el derecho de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos. Detecta las complejidades y desafíos planteados al derecho-deber de los padres para hacerlo efectivo, habida cuenta de que “la ley reina y la jurisprudencia gobierna”, problemas de orden material e ideológico, así como los conflictos con áreas de la educación, como la sexual. El deber del Estado de permitir una educación no estatal no implica un derecho los estados para restringir el derecho de los padres. Otra limitación a la potestad estatal es el debido respeto del ideario institucional. Tras citar casos jurisprudenciales e iniciativas estatales recientes, llama a fortalecer la conciencia de los padres acerca del derecho de que son titulares, en pro del interés mejor para el menor.

Como es habitual, hubo una sesión dedicada a la presentación de libros de los miembros del Consorcio. El Prof. José Luis Llaquet presentó “El régimen jurídico catalán de los centros de culto”; el Prof. Gabriel González Merlano introdujo “Derecho y Religión en Uruguay. Evolución histórica” y la Prof. Francisca Pérez Madrid, “Gestión de la diversidad religiosa y organización territorial”, referido a España. El Prof. Vicente Prieto, de la Universidad de La Sabana, Colombia, presentó la obra “Libertad religiosa, laicidad, autonomía”. 

La sesión de clausura estuvo a cargo del Relator General, de los organizadores nacionales y de la Presidente.

El Prof. Juan Navarro Floria en su calidad de Relator General ofreció unas reflexiones conclusivas, entre las que destacó la vigencia de la objeción de conciencia como institución jurídica, y su convivencia con posiciones no pacíficas al respecto. Advirtió que el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia dista de ser una panacea, porque muchas veces es la última defensa contra legislaciones poco respetuosas de los valores religiosos. Rescata que su reconocimiento es un avance en términos de libertad y se lamenta de los retrocesos que ha sufrido en algunos sistemas, tornándose en la última trinchera de resistencia. Si existe objeción de conciencia es porque en el pueblo existe diversidad, afirmó. ¿Cómo tramitar el pluralismo? ¿Desde la intolerancia progresista y reaccionaria o mediante la búsqueda de instituciones amplias de libertad? ¿Vamos a cortar cabezas?, preguntó citando la imagen usada por Asiaín en la sesión inaugural. En las sociedades uniformes no existe la objeción de conciencia. Hay circunstancias límites, como el cruce entre la objeción de conciencia y la no discriminación, que obran de espada de Damócles. La objeción de conciencia es resistida por quienes no valoran la libertad, sin embargo lo hacen en nombre de la libertad. ¿Cuál es el mejor camino jurídico, sin olvidar la dimensión política? Recoge la afirmación de que el Juez es el sumo garante de la libertad y se pregunta si la objeción de conciencia es en definitiva una herramienta útil que funcione sin necesidad de obligar al objetor a transitar un camino judicial. Constata que prevalece en nuestros países la idea de que es necesario un reconocimiento expreso del instituto en la ley positiva (más allá del reconocimiento que ya existe de la libertad de conciencia en los tratados internacionales y las normas constitucionales) para que se reconozca de manera efectiva su existencia, y alerta del peligro ínsito en dicha idea de pensar que es una concesión graciosa del legislador. A los efectos de intentar brindar una respuesta a la interrogante ¿Conviene una legislación caso a caso o una norma general?, sobrevoló los distintos ámbitos en que ha surgido la objeción de conciencia.

La clausura contó con palabras de agradecimiento del organizador del Coloquio, Abg. Juan José Bernal, quien a su vez hizo presente a Mons. Pedro Collar, co-organizador que no pudo estar presente. Manifestó el privilegio que sentía de haber sido anfitriones del coloquio, así como su gratitud. En este encuentro se enriquece la Universidad Católica anfitriona y se enciende la chispa en la sociedad, y las buenas obras perdurarán eternamente, sostuvo.

En el cierre oficial la Presidente Prof. Carmen Asiaín, tras agradecer y ponderar la tarea de los organizadores, compartió escenas del experimento Milgram mostrado en la película “I como Icaro”, que demuestra cómo la persona siguiendo órdenes de la autoridad legítima, puede llegar a infligir daño a otros hasta límites impensados. Reflexionando que la responsabilidad es más gravosa para quienes ejercen autoridad, por lo que a los gobernantes se les exige en mayor medida, pues el ejercicio del poder puede determinar la conducta de los gobernados, quienes cumpliendo la obediencia debida, aun cuando pueden decidir (que significa “cortar”) no dañar, sin embargo no lo hacen, escudándose en la autoridad y atribuyéndole la responsabilidad. Extrapoló las reflexiones del experimento a situaciones actuales introducidas por la reciente normativa en materias sensibles a la ética y bioética, mediante la cual el Estado impone a personas e instituciones la realización de determinadas prácticas, y como hay elementos que ayudan a la anestesia del agente obediente –como el escudo de la autoridad política y científica, la dilación, la mediación entre el acto y su resultado y la terminología dada a determinadas prácticas como “interrupción voluntaria del embarazo”, que acalla más la conciencia que “aborto”-. Llama entonces al discernimiento que reclama reflexión y decisión (elección), pues sus mandatos éticos rara vez vienen explicitados; no son susurrados al oído ni gritados a viva voz. La decisión de no aplicar choques eléctricos, como la de objetar de conciencia debe ser fruto del raciocinio y de la emoción reflexiva.

Las conclusiones del coloquio articuladas en párrafos fueron sometidas a la aprobación de los concurrentes y fueron aprobadas por unanimidad. Se adjuntan.

 

 

 

 

 

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