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conclusiones XV COLOQUIO PDF Imprimir E-mail

 

            

ibero    consorcio

                      

XV  COLOQUIO ANUAL DEL CONSORCIO LATINOAMERICANO DE LIBERTAD RELIGIOSA

“Avances y Retrocesos en la Protección Jurídica de la Libertad Religiosa”

MÉXICO, D.F., MÉXICO, 21 al 23 de mayo de 2015

 

CONCLUSIONES DEL XV COLOQUIO APROBADAS POR UNANIMIDAD

           I.              La Libertad Religiosa es un derecho fundamental que ocupa un lugar basal en la escala de valores por ser expresión de la dignidad de la persona humana. El Derecho estatal reconoce, no concede el goce y ejercicio de la Libertad Religiosa.

 

II.            Los principios que rigen las relaciones entre el Estado y la Religión (libertad religiosa, neutralidad, igualdad y cooperación o bilateralidad, en sus diversas formulaciones) constituyen normas jurídicas que vinculan a los poderes públicos en toda su actuación, ya sea ésta de interpretación y aplicación del derecho positivo del Estado, de programación y puesta en práctica de políticas de gestión de la diversidad religiosa, o de regulación a todos los niveles del factor religioso. 

  

III.           El principio de neutralidad estatal en materia religiosa e ideológica (en sus diversas modalidades como aconfesionalidad o laicidad o para algunos laicidad positiva) es necesario para la efectiva tutela del derecho de Libertad Religiosa y garantiza la mutua independencia y autonomía de los órdenes jurídico por un lado y religioso por el otro, distinguiendo, preservando y respetando ambas esferas de competencias sin interferencias indebidas.

 

1.    La confusión terminológica, indefinición o errónea interpretación por la doctrina, legislación y jurisprudencia de los términos laicidad y laicismo, secular y secularismo, neutralidad y neutralismo, representa un obstáculo a la efectiva protección del derecho de Libertad Religiosa, por habilitar un modelo negador del fenómeno religioso, de una "laicidad" que, interpretada en clave excluyente, intenta relegar la religión a la esfera privada, lo cual es especialmente grave en terrenos como el de la Educación.

 

2.    La violación de la autonomía de las entidades religiosas por la autoridad estatal atenta contra el principio de neutralidad estatal en materia religiosa e ideológica, y asume diversas modalidades como la sustitución por la autoridad estatal de la autoridad religiosa, la pretensión de imponer el principio democrático al interior de las iglesias y comunidades, las cortapisas al derecho de trasmitir y divulgar sus creencias, ya en la Educación, ya en su expresión en el ágora pública, entre otras.

 

IV.          El principio de igualdad en materia religiosa se ve afectado también por una errónea interpretación del principio de neutralidad estatal, que redunda en su inconsistente aplicación, de modo que la autoridad en lugar de concentrarse en asegurar que individuos y grupos sean todos titulares y gocen del mismo derecho de libertad religiosa, entiende el principio de igualdad como uniformidad, como igualitarismo matemático, en vez de equilibrio, equidad y justicia, favoreciendo a veces las pretensiones de grupos minoritarios de eliminar los derechos de la mayoría en lugar de equiparar a los grupos, extendiendo dichos beneficios de una al resto, sin privación de los mismos.

 

V.           Del principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas que varios sistemas jurídicos aplican con diversos grados de vigor –desde acciones positivas de promoción del derecho de Libertad Religiosa a la exoneración impositiva, pasando por la atención del factor religioso en la sociedad en varios ámbitos- se deduce la previa e implícita valoración del hecho religioso por el Estado y el Derecho.

 

VI.          La bilateralidad de las fuentes normativas es -como lo ha demostrado la experiencia de varios Estados que han celebrado Concordatos con la Santa Sede y acuerdos con otras confesiones religiosas- un modo muy adecuado para la resolución de las cuestiones que involucran al Derecho de fuente estatal y a los temas propios de las religiones, como el efecto civil de los matrimonios y actos religiosos, el tratamiento del hecho religioso en la enseñanza, el financiamiento de las confesiones religiosas, el reconocimiento de personalidad jurídica a los entes religiosos, la objeción de conciencia e ideario institucional, el estatuto jurídico de los ministros de culto, la autonomía de las entidades religiosas, la consideración de los feriados laborales y días de descanso por motivo religioso, la asistencia espiritual a personas confinadas, la protección del secreto religioso, la preservación del patrimonio histórico y cultural nacional religioso, entre otros.

 

1.    Ello apela –interpela- a la cooperación y diálogo entre los diversos grupos religiosos en torno a puntos concretos consensuados, a fin de aunar esfuerzos en la defensa de valores compartidos, y sobre todo, del derecho de libertad de conciencia y religión del que todos dependen.

 

2.    Los Concordatos entre los Estados y la Santa Sede son tratados internacionales entre dos sujetos de Derecho Internacional Público regidos por la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados y por las reglas pacta sunt servanda y de supremacía de sus disposiciones por sobre el derecho interno  de los Estados suscriptores del mismo.

 

VII.         El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha reconocido y protegido al derecho de Libertad Religiosa en sus diversas manifestaciones en público y en privado, ejercido de forma individual o en comunidad con otros, privilegiándolo como una libertad de primer orden con base en el principio pro homine, lo que constituye a este Derecho supranacional en su principal garante, tanto por su jerarquía como parte del ius cogens internacional, como por ser parte del corpus constitucional al haber sido suscripto por los Estados e incorporado en sus Constituciones y legislación interna.

 

El control de convencionalidad de los actos jurídicos internos nacionales sin importar su jerarquía, es también un recurso disponible y herramienta garantista para la protección jurídica del derecho de Libertad Religiosa, adicional a las vías de tutela ofrecidas por los ordenamientos jurídicos nacionales.

 

VIII.       Los conflictos –a veces aparentes- entre Libertad Religiosa o de conciencia y otros derechos –como el derecho a no ser discriminado por razón de orientación sexual y género- y otras libertades –como la libertad de expresión- han de resolverse partiendo de la premisa de que la primera es un derecho humano fundamental, y ambos haces de derechos en aparente pugna deben ser conciliados, armonizados mediante la adopción del juicio de proporcionalidad por parte de la judicatura y en general de los decisores jurídicos y políticos, incurriéndose de lo contrario en discriminación contra individuos y grupos por razón de sus creencias.

 

 

1.    La omisión por parte del poder político, de considerar las consecuencias de la adopción de determinadas agendas –como las de los colectivos LGBTI, la de salud sexual y reproductiva- y su impacto en la Libertad Religiosa, implica un fracaso en el cometido de implementar una sana gestión pública del factor religioso, por omisión del deber de Buena Administración de conciliar el derecho de Libertad Religiosa  con los nuevos derechos y libertades propuestos en el marco de las corrientes que introducen innovaciones en los ordenamientos jurídicos. Deben evitarse las posturas que reflejan una concepción de falsa dicotomía que pretende que unos derechos y libertades vienen a sustituir a los pioneros, cuando una armoniosa conciliación es posible.

 

2.    La desacreditación de que es objeto el discurso desde las religiones en el debate público desafía su derecho a la divulgación de su doctrina –verbo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos- y con grave impacto en la Educación, si se llega a poner en tela de juicio el derecho a trasmitir valores, creencias y doctrina de los diversos grupos definidos en torno a unas creencias. 

 

IX.          Dentro de los desafíos para el cabal reconocimiento, goce y ejercicio del derecho de Libertad Religiosa, se encuentra la aprobación de leyes de Libertad Religiosa donde no existen o actualización de las vigentes, la atención a esta Primer Libertad en proyectos de reforma constitucional y su consideración por los tribunales, como forma de asegurar que el Derecho en su conjunto respete una visión integral del hombre que contemple su dimensión espiritual, incluyendo todas sus dimensiones –en su fuero interno y externo- y sus manifestaciones –individual y colectiva, en público y en privado, mediante concreciones del derecho de conducirse personas y grupos de conformidad con sus creencias-.

 

X.           La tutela jurídica de la dimensión colectiva del derecho de Libertad Religiosa es debida, por ser el ejercicio “en comunidad con otros” una dimensión esencial –la propia y más frecuente- de la Libertad Religiosa. Reconocido el derecho de las colectividades religiosas y de las entidades e instituciones definidas en torno a unas creencias de conducirse de conformidad con su ideario, la procedencia de la admisión de la objeción planteada por personas jurídicas al cumplimiento de obligaciones contrarias a su doctrina no se discute, existiendo en cambio una gradación en la dificultad probatoria, a la hora de demostrar que el ideario institucional de esta especie dentro del género de “empresas de tendencia” le impide cumplir con la obligación contenida en la norma de general aplicación. 

 

XI.          Las restricciones impuestas por la autoridad –a través de la legislación o práctica jurisdiccional y administrativa- al registro de grupos religiosos y a la obtención de personería jurídica son trabas al ejercicio de derechos de Libertad Religiosa, condicionando el acceso a beneficios e impidiendo al Estado –como gestor público de la diversidad religiosa- cumplir con sus deberes positivos de promoción para el efectivo goce de la Libertad Religiosa de los habitantes.

 

XII.         La educación en Libertad Religiosa de todos los estamentos de la sociedad, pero muy especialmente de los juristas –en y desde las cátedras de las carreras jurídicas- semillero de legisladores, jueces, abogados y operadores jurídicos y políticos, es un principal desafío para el presente y futuro del pleno goce y ejercicio de la Libertad Religiosa.

 

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