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DECLARACIÓN SOBRE CONVENCIÓN NO DISCRIMINACIÓN PDF Imprimir E-mail
Noticias - Noticias

 Declaración del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa sobre la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia

 

El Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa manifiesta su preocupación en relación a la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación en Intolerancia (en adelante, la “Convención”), aprobada por la Organización de Estados Americanos (en adelante, la “OEA”). Ésta se encuentra abierta a su firma y pendiente de ratificación por los Estados signatarios, siendo objeto de estudio en varios países de la región.

La Convención contiene elementos sin duda alguna de gran valor. En relación a lo que es el principal objeto de nuestra preocupación, valoramos que se ratifique la condena a cualquier forma de discriminación por razón de la religión. Sin embargo, creemos que esa protección se ve opacada por otros aspectos de la Convención más difíciles de compartir.

Está de más mencionar que el Consorcio y sus miembros en ningún caso aprueban la intolerancia o la discriminación en cualquiera de sus formas, tal como han sido ya definidas en los instrumentos vigentes en el sistema interamericano de Derechos Humanos y su homólogo universal. Sin embargo, creemos que la Convención, tal como ha sido redactada, no es capaz de conciliar adecuadamente el objetivo de combatir la discriminación injusta y el resguardo de los derechos humanos de libertad de expresión, de conciencia y de religión ya reconocidos. Nos parece además que dicho instrumento es inconsistente con otros cuerpos internacionales de derechos humanos ya existentes. En esa línea, el Consorcio comparte los serios reparos planteados por terceros agentes[1] respecto a la incompatibilidad de la Convención con la regulación propia de los Estados sobre protección a los derechos humanos ya mencionados.

            La Convención genera dos innovaciones que son, a nuestro juicio, particularmente preocupantes: la primera es la definición extremadamente amplia y omnicomprensiva de “intolerancia”, que se constituye en un concepto jurídico indeterminado, y otorga un amplísimo margen de discrecionalidad a sus intérpretes; y la segunda es la creación de un “nuevo derecho humano” a la protección en contra de la referida intolerancia. De esta forma, se crea para los estados miembros de la OEA que se hagan parte de la Convención la obligación de “eliminar, prohibir y sancionar todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia”, aun por y entre actores privados, con el potencial resultado de vulnerar la libertad de expresión del pensamiento, de conciencia y de religión, en su faz interna, todos los cuales son preciados para el sistema interamericano. Esto no excluye a las organizaciones religiosas, incluso respecto de las relaciones al interior de ellas, entre sus miembros y de estos con aquellas.

Tradicionalmente, las leyes antidiscriminación buscan otorgar protección a  personas que ven vulnerados derechos humanos fundamentales, por motivos vinculados a las llamadas categorías sospechosas, tales como la raza, la etnicidad, la religión o el sexo. El sentido de estas normas es garantizar a todas las personas, y especialmente a las que están en situación de vulnerabilidad, el igual acceso a bienes jurídicos protegidos por los tratados de derechos humanos, sin discriminación arbitraria. En la Convención, en cambio, la intolerancia se presenta en sí misma y en forma autónoma como conducta a sancionar,  y se configura por el solo hecho de emitir una expresión que alguien considere como intolerante, sin que se requiera afectación de un derecho subyacente. En otras palabras, la Convención obligaría a los Estados Partes a sancionar y censurar discursos o actividades que puedan encuadrarse dentro de la definición de intolerancia, esto es, cualquiera que implique discrepancia u oposición a la opinión de un tercero, sin necesidad de verificarse perjuicio a otros derechos, y por el solo hecho de que la opinión expresada sea denunciada por terceros como intolerante.

Es un elemento constitutivo de casi todas las religiones la creencia fundamental de que los actos humanos pueden ser contrastados con normas o códigos de conducta reconocidos por ellas, y que en base a ese juicio puede discernirse aquello que es bueno o malo conforme a los mandamientos de la fe. La Convención obligaría a los Estados a castigar toda enseñanza religiosa que implique un juicio moral acerca de conductas humanas, incluso expresadas en abstracto o respecto de los propios miembros de las distintas confesiones religiosas. Aunque la Convención no tenga como finalidad violentar las libertades de conciencia y religión, o de expresión, es muy probable que ese sea el resultado de su aplicación estricta.

Creemos que la Convención tal como ha sido redactada afecta gravemente la libertad de expresión; y también y fundamentalmente la libertad religiosa. Ésta última, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido como "uno de los cimientos de la sociedad democrática"[2], en relación con la citada libertad de expresión, incluye sin duda alguna la libertad de expresar juicios morales y de presentar, difundir y defender la propia doctrina religiosa y moral aunque algunas personas puedan sentirse afectadas por ellas o considerar que tales juicios no son suficientemente tolerantes.

Finalmente, al crear un “nuevo derecho humano” (el derecho a ser protegido de toda forma de intolerancia, en el amplísimo sentido que el término tiene en la Convención), este instrumento tendría el potencial efecto de dejar sin protección los derechos humanos –protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica– a la libertad de expresión, de conciencia y de religión, de reunión, de asociación, y de circulación y residencia, por cuanto todos ellos están sujetos a ser restringidos para proteger los derechos de otros a no ser víctimas de intolerancia. Ante la creación de este nuevo derecho –que a diferencia de los otros, no parece estar sujeto a ninguna limitación, sin perjuicio del reconocimiento generalizado de que no existen derechos absolutos– el contenido y protección de todos aquellos derechos será reformulado en base a la Convención y subordinado al nuevo derecho, que pasaría a tener primacía absoluta. En síntesis, las libertades de expresión, de conciencia y de religión,  y otros, dejarán de existir como las hemos conocido hasta hoy.

Es por estas razones que el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, habiendo analizado detenidamente el texto de la Convención, y habiendo deliberado de manera informada en su seno, ha resuelto institucionalmente expedir esta declaración, en la que invita a los Estados miembros de la OEA a no ratificarla, al menos en su estado actual.

 

29 de setiembre de 2016

    

 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE LIBERTAD RELIGIOSA

       www.libertadreligiosa.org

 VERSIÓN EN PORTUGUÉS

 

Declaração do CONSÓRCIO LATINO AMERICANO DE LIBERDADE RELIGIOSA sobre a Convenção Interamericana contra toda forma de Discriminação e  Intolerância

 

 

O Consórcio Latino Americano de Liberdade Religiosa manifesta sua preocupação em relação à Convenção Interamericana Contra Toda Forma de Discriminação e intolerância (doravante denominada “Convenção”), aprovada pela Organização dos Estados Americanos (doravante denominada “OEA”). A Convenção está pronta para ser assinada e ratificada pelos estados membros da OEA, sendo objeto de estudo em vários países da região.

 

A Convenção contém elementos, indubitavelmente, de grande valor.  Em relação ao que é o principal objeto de nossa preocupação, enaltecemos o fato de que a Convenção condena qualquer forma de discriminação por motivo de religião. Entretanto, cremos que esta proteção acaba sendo ofuscada por outros aspectos da Convenção que nos são mais difíceis de aceitar.

 

É mister ressaltar que o Consórcio e seus membros,  sob nenhuma circunstância, aprovam qualquer forma de intolerância ou discriminação,  tal como definidas nos instrumentos vigentes no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e seu homólogo universal. Contudo, cremos que a Convenção, tal como foi redigida, não é capaz de harmonizar adequadamente o objetivo de combater a discriminação injusta com o de resguardar os já reconhecidos direitos humanos de liberdade de expressão, de consciência e de religião. Ademais, nos parece que a Convenção é inconsistente em relação a outros organismos internacionais de direitos humanos. Nessa linha, o Consórcio se une às sérias objeções levantadas por terceiros[1] a respeito da incompatibilidade da Convenção com a regulamentação própria de cada um dos Estados membros da OEA acerca da proteção dos direitos humanos supracitados.

 

A Convenção cria duas inovações que são, sob nossa ótica, particularmente preocupantes: a primeira é a definição extremadamente ampla abrangente de “intolerância”, que se constitui em um conceito jurídico indeterminado, e outorga um grau de discricionariedade extremamente amplo a seus intérpretes; a segunda é a criação de um “novo direito humano”, que é a proteção contra a referida intolerância. Desta forma, se cria para os Estados Membros da OEA que ratificarem a Convenção, a obrigação de “eliminar, proibir e sancionar todos os atos e manifestações de discriminação e intolerância”, ainda que praticados por e entre atores privados, o que potencialmente violaria, de modo velado, a liberdade de expressão do pensamento, de consciência e de religião, as quais são extremamente preciosas para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Estas obrigações não excluem às organizações religiosas, inclusive em suas interações privadas entre e para com seus membros.

 

Tradicionalmente, as leis antidiscriminação buscam proteger a pessoas que têm direitos humanos fundamentais violados, por razões vinculados às chamadas “categorias suspeitas”, tais como raça, etinicidade, religião e sexo.  O sentido destas normas é assegurar a todas as pessoas, e especialmente às que estão em situação de vulnerabilidade, o igual acesso a bens jurídicos protegidos pelos tratados de direitos humanos, sem discriminação arbitrária. Na Convenção, por outro lado, a intolerância se apresenta, por si só e de forma autónoma, como uma conduta a ser punida, e se configura pelo simples ato de se emitir uma expressão que alguém considere como intolerante, sem a necessidade de lesão a um direito subjacente.  Em outras palavras, a Convenção obrigaria os Estados Signatários a punir e censurar discursos ou atividades que possam enquadrar-se dentro da definição de intolerância, isto é, que impliquem em discordância ou oposição à opinião de um terceiro, sem a necessidade de que se verifique prejuízo a outros direitos, baseado apenas no fato de que a opinião expressada seja denunciada por terceiros como intolerante.

 

É um princípio constitutivo de quase todas as religiões a crença fundamental de que os atos humanos podem ser contrastados com normas ou códigos de conduta reconhecidos por elas, e que, com base nessas normas de conduta, pode ser determinado aquilo que é bom ou mau conforme os mandamentos da fé. A Convenção obrigaria os Estados a punir todo e qualquer ensinamento religioso que implicasse em um juízo moral acerca de condutas humanas, mesmo que expressadas de modo abstrato ou em relação aos próprios membros das várias denominações religiosas. Ainda que a Convenção não tenha a finalidade de violar as liberdades de consciência e religião, ou de expressão, é muito provável que este seja o resultado de sua estrita aplicação.

 

Cremos que a Convenção, tal como foi redigida, afeta gravemente a liberdade de expressão e também, e fundamentalmente a liberdade religiosa.  Esta última, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos definiu como "um dos pilares da sociedade democrática"[2], em conjunto com a já citada liberdade de expressão, inclui, sem dúvida alguma, a liberdade de expressar juízos morais e de apresentar, difundir e defender a própria doutrina religiosa e moral,  ainda que algumas pessoas possam sentir-se afetadas por elas, ou considerar que tais juízos não são suficientemente tolerantes.

 

Finalmente, ao criar um “novo direito humano” (o direito de ser protegido de toda forma de intolerância, no amplo e abrangente sentido que o termo tem na Convenção), este instrumento teria o potencial de deixar sem proteção os direitos humanos à liberdade de expressão, de consciência e de religião, de reunião, de associação, e de circulação e residência – todos protegidos pelo Pacto de São José da Costa Rica – porquanto todos eles estariam sujeitos a ser restringidos para se que seja protegido o direito de outros não serem vítimas de intolerância. Diante da criação deste novo direito – que, ao contrário dos outros, não parece estar sujeito a nenhum tipo de limitação, a despeito do reconhecimento mundialmente difundido de que não existem direitos absolutos – o conteúdo e a proteção de todos aqueles direitos serão reformulados com base na Convenção e subordinados ao novo direito, que passaria a ter primazia absoluta. Em síntese, as liberdades de expressão, de consciência e de religião, bem como outros direitos, deixariam de existir tal como hoje os temos conhecidos.

 

Diante de todo o exposto, o Consórcio Latino Americano de Liberdade Religiosa, tendo analisado de modo detalhado o texto da Convenção e deliberado de maneira embasada sobre seu conteúdo, resolve, institucionalmente, expedir esta declaração, por meio da qual convida os Estados Membros da OEA a não ratificar a Convenção, pelo menos não no estado em que atualmente se encontra redigido.

 

ENGLISH VERSION

Declaration of THE LATIN AMERICAN CONSORTIUM FOR RELIGIOUS LIBERTY regarding the Inter-American Convention Against all Forms of Discrimination and Intolerance.


The Latin American Consortium for Religious Freedom expresses its concern regarding the Inter-American Convention Against All Forms of Discrimination and Intolerance (hereinafter the "Convention"), adopted by the Organization of American States (hereinafter "OAS"). The Convention has been sent for signature to countries in the region and is being considered for ratification by some signatory states. 

The Convention contains elements undoubtedly of great value. In relation to the main object of our concern, we appreciate that the Convention confirms the condemnation of any form of discrimination based on religion. However, we believe that this protection is overshadowed by other aspects of the Convention more difficult to accept.

It is worth mentioning that neither the Consortium nor its members approve in any way intolerance or discrimination in any of its forms, as such forms of discrimination have already been defined in existing instruments in the inter-American human rights system and its universal counterparts. However, we believe that the Convention, as has been written, does not properly reconcile the objective of combating unfair discrimination and the protection of the already recognized human rights of freedom of expression, conscience and religion.It also seems to us that the Convention is inconsistent with other existing international human rights instruments and doctrines. In that vein, the Consortium shares the serious objections raised by other third parties regarding the incompatibility of the Convention with the existing regulations of the countries in the OAS regarding the protection of the human rights mentioned above.

The Convention creates two innovations that are, in our view, of particular concern: the first is its extremely broad and all-encompassing definition of "intolerance" which creates an uncertain and vague legal concept, and which provides its interpreters with an extreme degree of discretion; and the second is the creation of a "new human right" of protection against the aforementioned intolerance. Thus, on its face, the Convention creates for the member states of the OAS that become parties to the Convention, the obligation to "eliminate, prohibit and punish all acts and manifestations of discrimination and intolerance," even by and among private actors, with the potential result of infringing freedom of expression of thought, conscience and religion, all of which are precious to the inter-American human rights system.These provisions do not exclude religious organizations, including with regard to their internal relationships among their members and between the m embers and the organizations.

Traditionally, anti-discrimination laws seek to provide protection to people whose fundamental human rights are violated for reasons linked to so-called “suspect categories,”  such as race, ethnicity, religion or sex. The basic intent of these rules is to ensure to all people, and especially those who are vulnerable, equal access to legal rights protected by human rights treaties, without arbitrary discrimination.In the Convention, however, intolerance stands by itself in an autonomous manner as conduct to punish, and can be established merely by issuing an expression that someone considers as intolerant, without any underlying right being affected.In other words, the Convention would require the adopting States to punish and censor speeches or activities that may fall within the definition of intolerance, that is, either involving disagreement with or opposition to the opinion of a third party, without the need to demonstrate any prejudice to other rights , based on the mere fact that the opinion expressed is denounced by others as being intolerant.

It is a basic tenet of almost all religions the fundamental belief that human actions can be contrasted with standards or codes of conduct that the religions and their adherents recognize, and that based on those standards or codes conduct can be determined to be good or bad according to the commandments of faith.The Convention would require States to punish any religious teaching that implies a moral judgment about human behavior, even expressed in the abstract or with respect to various religious denominations’ own members.Even though the Convention may not have been intended to violate freedom of conscience and religion, or of expression, it is very likely that this will be the result of its strict application.We believe that the Convention as it has been drafted seriously affects freedom of expression; and also fundamentally affects religious freedom.  The latter (religious freedom), which the Inter-American Court of Human Rights has defined as "one of the f oundations of democratic society",  in conjunction with freedom of expression, undoubtedly includes the freedom to express moral judgments and to present, spread and defend religious and moral doctrine, even though some people may feel affected by such judgments and doctrineormay consider that such judgments are not sufficiently tolerant.

Finally, by creating a "new human right" (the right to be protected from all forms of intolerance, in the broad sense that the term has in the Convention), this instrument would have the potential effect of leaving unprotected the human rights -- protected by the Pact of San José de Costa Rica -- to freedom of expression, conscience and religion, assembly, association, and movement and residence, because they are all subject to be restricted to protect the rights of others not be victims of intolerance.Before the creation of this new human right -- which unlike the others, does not appear to be subject to any restrictions, without regard to the widespread recognition that there are no absolute rights-- the content and protection of all those human rights will be reformulated on the basis of the Convention and subordinated to the new law, which would have absolute primacy. In short, freedom of expression, conscience and religion, and other freedoms, will cease to exi st as we have previously known them.

It is for these reasons that the Latin American Consortium for Religious Freedom, having carefully analyzed the text of the Convention, and having deliberated internally in an informed manner, has institutionally resolved to issue this statement, which invites Member States of the OAS not to ratify the Convention, at least in its current state.


Juan G. NAVARRO FLORIA - Secretario
Dra. Carmen ASIAIN PEREIRA - Presidente
 
www.libertadreligiosa.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Neste sentido são os comentários e objeções oficiais da Delegação do Canadá em relação ao projeto de elaboração da Convenção,  explicitamente  afirmando  que  seus  preceitos  são  contrários aos  direitos de liberdade de expressão, bem como aos de liberdade de consciência e religião (Missão Permanente do Canadá, Nota explicativa da missão à comissão negociadora sobre sua retirada do processo de negociações, OEA/Ser.G CAJP/GT/RDI/INF.21/10, 1, 30 de Nov., 2010). Nesse mesmo diapasão são os comentários do Ex-Secretário Executivo Adjunto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Ariel Dulitzky, que afirma que a definição é abrangente e contrária a comportamentos legítimos em sociedades democráticas (apresentação de A. Dulitzky à comissão negociadora, OEA/Ser.G CAJP/GT/RDI-108/09, 4, 27 de Jan., 2009) e do Comitê Jurídico Interamericano que assevera que o conceito de intolerância é tão amplo que chega a incluir a dissidência, característica de todo sistema  democrático (OEA/Ser.Q CJI/doc.339/09rev.2 ¶3, 19 de Mar.,   2010).

[2] Caso "Olmedo  Bustos  vs.  Chile", e repetidas citações posteriores que dele à Corte.


[1]En este sentido puede atenderse a los comentarios y reparos oficiales de la delegación de Canadá al proyecto de convención, explícitamente afirmando que sus preceptos son contrarios a los derechos de libertad de expresión, así como también de libertad de conciencia y religión (Misión permanente de Canadá, Nota explicativa de la misión a la comisión negociadora sobre su retiro del proceso de negociaciones, OEA/Ser.G CAJP/GT/RDI/INF.21/10, 1, 30 de Nov., 2010). En un sentido similar los comentarios del ex Secretario Ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ariel Dulitzky, en cuanto la definición resulta ser omnicomprensiva y contraria a comportamientos legítimos en sociedades democráticas (presentación de A. Dulitzky a la comisión negociadora, OEA/Ser.G CAJP/GT/RDI-108/09, 4, 27 de Ene., 2009) y del Comité Jurídico Interamericano, en cuanto el concepto de intolerancia es tan amplio que incluye el disenso, característica de todo sistema democrático (OEA/Ser.Q CJI/doc.339/09rev.2 ¶3, 19 de Mar., 2010).

[2] Caso "Olmedo Bustos vs. Chile", y repetidas citas posteriores que ha hecho de él la Corte.

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