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CONCLUSIONES XIV COLOQUIO "Tutela penal de la Libertad Religiosa" PDF Imprimir E-mail

 

XIV  COLOQUIO DEL CONSORCIO LATINOAMERICANO DE LIBERTAD RELIGIOSA

“Tutela Penal de la Libertad Religiosa”

Córdoba, Argentina, 1 y 2 de septiembre de 2014

 

Las conclusiones arribadas acerca del tema central del Coloquio “Tutela Penal de la Libertad Religiosa” fueron las siguientes:

 

 I.     El abordaje de la temática de la Tutela Penal de la Libertad Religiosa por académicos no especialistas en Derecho Penal sino en Derecho Eclesiástico o Derecho y Religión es pertinente, pues es justamente la perspectiva desde aquel derecho fundamental la que interesa a la hora de analizar cómo el Derecho Penal -Derecho de ultima ratio- protege mediante amenaza de sanciones sobre el cuerpo, bienes del espíritu, exhibiendo la función docente del Derecho, que separa unas conductas estimuladas, de otras neutras, de otras condenadas, con impacto en las conciencias de sus destinatarios.

II.     El Derecho Penal de nuestros países exhibe líneas comunes en lo formal -como el estar contenido en códigos penales y además en normas dispersas- y en lo sustancial -como el haber transitado procesos de laicización y el distinguir dos bienes jurídicos tutelables diversos, como son la libertad religiosa por un lado y el sentimiento religioso por otro-. También exhibe carencias comunes, como la necesaria la actualización de su terminología debido a la persistencia de anacronismos o referencias a una única confesión religiosa, el desconocimiento de la competencia de las confesiones religiosas a la hora de definir conceptos propios, y la escasa utilización por personas y comunidades de este medio penal de tutela.

III.          Se detectan algunas suspicacias en las legislaciones nacionales, motivadas por resabios del pasado -como la antigua asimilación de delito con pecado- que proyectándose hasta el presente, entorpecen la concreción de una acabada tutela penal de la Libertad Religiosa.

IV.          La tutela de la Libertad Religiosa por la legislación penal se funda en el reconocimiento de la dignidad humana, demostrando el orden jurídico su preocupación por el respeto de la Libertad Religiosa, por estar en juego en ello la democracia y sus principios. La Libertad Religiosa debería ser reconocida como un bien jurídico tutelado, cosa que no siempre ocurre de manera explícita.

V.          Todos los sistemas jurídicos analizados tutelan genéricamente la Libertad Religiosa de personas y comunidades y muchas veces de modo específico sus manifestaciones externas, extendiéndose a personas, objetos y edificios destinados al culto.

VI.          El factor religioso es tomado en cuenta para la tipificación de delitos, la agravación o morigeración de las penas, protegiendo en general bienes jurídicos como el pacífico desarrollo de las ceremonias religiosas, los lugares y objetos de culto –especialmente si el bien es patrimonio cultural-, la memoria de los difuntos y sus sepulturas, el sigilo o secreto religioso, y en ocasiones incluso la privacidad de los datos pertenecientes a las confesiones religiosas.

VII.          El factor religioso incide en la calificación de delitos contra la integridad física -desde las lesiones hasta el genocidio-, o en su agravamiento cuando la motivación es religiosa, presentando ésta dificultades para su  acreditación.

VIII.          La condición de ministro de culto es tomada en cuenta por la ley penal, pero varían  los efectos de su consideración. Mientras algunos ordenamientos consideran este elemento subjetivo para deparar especial protección al personal religioso (es decir si el delito es cometido contra el ministro de culto), otros ordenamientos agravan las penas en el caso de que determinadas conductas sean cometidas por un ministro de culto, sobre todo cuando tal condición se erige en una modalidad de abuso de la autoridad o de funciones (como en el abuso sexual o la trata de personas), o cuando se incurre en simulación de la calidad de ministro de culto. A veces coexisten las dos consideraciones.

IX.          Si bien el Derecho no está para tutelar sentimientos, sí es tutelable la vulneración de la Libertad Religiosa perpetrada a través de la ofensa de sentimientos religiosos, es decir el daño producido en las personas por la ofensa al sentimiento religioso. Se distingue entre la ofensa subjetiva y los efectos externos de la ofensa, que involucran las relaciones interhumanas derivadas de la pertenencia a una confesión religiosa, siendo este segundo plano protegible, mientras la simple crítica es más discutible que lo sea. Incluso hay posturas que consideran inconveniente su tipificación, por su potencial debilitamiento en la protección de las minorías. De hecho, no todas las legislaciones criminalizan la ofensa o expresión de odio religioso, a pesar de ser una exigencia de los tratados internacionales de derechos humanos.

X.          Los ordenamientos que condenan la expresión de odio religioso, lo hacen bajo diversos tipos de nomen iuris y gradación de su gravedad, desde la difamación e injurias, el ultraje, la  blasfemia, llegando hasta su modalidad más grave de manifestación de o incitación al odio religioso (hate speech o discurso del odio) o la comisión de actos de odio en privado o en el espacio público -hipótesis considerada merecedora de mayor protección-, o incluso mediante delitos de comunicación o prensa. El bien que está en peligro en este tipo de delitos es la cohesión social.

XI.          La criminalización de estas conductas suele suscitar conflictos de derechos, específicamente con la libertad de expresión, que parece a veces priorizada por encima de la Libertad Religiosa, relegando a ésta a un derecho de segunda categoría, lo que se percibe con alarma. Se alerta de los peligros de convertir a la Libertad Religiosa en una libertad de segunda categoría, si no se aplican los mismos criterios para protegerla, que los aplicados para la protección de los derechos de determinadas minorías, como las sexuales, o frente a los derechos de género. En la resolución de este conflicto –que puede ser sólo aparente- han de ponderarse todos los bienes y derechos en juego, existiendo límites a la libertad de expresión si es amenazante para el bien jurídico tutelado.

XII.          La discriminación motivada por la religión es sancionada por vía civil, administrativa o penal, tanto por algunas legislaciones particulares mediante leyes antidiscriminación, como por el Derecho Internacional, sobre todo en el ámbito laboral, previéndose  incluso hipótesis de discriminación indirecta.

XIII.          El factor religioso es relevante en la ejecución de las penas, trasluciendo una preocupación del Derecho en su conjunto -desde el Internacional a los sistemas jurídicos nacionales- por habilitar la asistencia espiritual a los reclusos. Pues la privación de libertad no implica privación de la Libertad Religiosa. La asistencia religiosa en las cárceles en un derecho, y su privación puede ser considerada trato inhumano o degradante, internacionalmente sancionable.

XIV.          Se ha reportado la escasa aplicación de la ley penal por las personas o grupos víctimas de este tipo de delito, quienes no siempre han canalizado las vías jurisdiccionales, así como la falta de persecución por el Estado y la resistencia de los tribunales a calificar las conductas bajo estos tipos penales. Se denuncia que algunas normas penales son letra muerta, mientras que por otro lado siendo la normatividad penal más que generosa, por su sobreabundancia ni se conoce ni se aplica.

XV.          Por ello, aparecen como alternativas al Derecho Penal, la vía civil, o el Derecho Administrativo sancionador por ofrecer vías de amparo a veces más adecuadas e idóneas que el cauce intimidatorio que ofrece el Derecho Penal, para la tutela de la Libertad Religiosa.

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